Prepararse hoy o pagar mañana: la deuda climática de las empresas
Prepararse hoy o pagar mañana: la deuda climática de las empresas
El verano europeo debería encender alarmas en este lado del mundo. No hablo de titulares lejanos, sino de realidades que nos anticipan lo que viene: incendios forestales devastando Francia, Italia, Grecia, Turquía, Montenegro, Albania y España; récords de calor en Roma (42°C) y Sevilla (45°C); tormentas en París con vientos de 140 km/h. No son fenómenos aislados, son el recordatorio de que las amenazas climáticas dejaron de ser hipótesis para convertirse en hechos concretos.
Aquí está el punto: el “riesgo climático” no es un concepto etéreo. Surge cuando esas amenazas interactúan con sistemas y personas expuestas, con infraestructuras debilitadas, con economías dependientes. En Chile lo sabemos: incendios de magnitud mundial, socavones que hacen tambalear la seguridad de la infraestructura costera, sequías que han dejado miles de hectáreas improductivas y pérdidas millonarias. Estos impactos no son un problema ambiental abstracto: son un problema económico, social y de gobernanza.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático lo advirtió en 2018: el riesgo climático resulta de la suma de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Lo que antes se quedaba en informes técnicos hoy se escribe en balances financieros y en decisiones de inversión. Y aquí es donde entra la IFRS S2, que pone la lupa donde más incomoda: en el corazón de la gobernanza corporativa.
El nuevo estándar internacional obliga a que los directorios salgan de la comodidad de la declaración general y se hagan responsables, con datos y procesos, de cómo gestionan riesgos climáticos. No es un checklist, es un cambio de paradigma. La IFRS S1 exige que se informen los efectos de la sostenibilidad en el negocio a corto, mediano y largo plazo. La IFRS S2 va más lejos: obliga a mostrar cómo se gobiernan y supervisan riesgos y oportunidades climáticas.
Esto significa que habrá que hablar, con detalle, de efectos financieros actuales y futuros, de las metodologías utilizadas, de los escenarios seleccionados, de planes de acción, usando métricas concretas como emisiones, vulnerabilidad de activos, inversiones destinadas a mitigar riesgos climáticos o la dependencia de créditos de carbono. Y, sobre todo, implica transparentar cómo se definen prioridades en un mundo donde fenómenos climáticos se superponen y multiplican sus impactos.
Ya no sirve responder “no aplica” o “aún no se ha trabajado en ello”. Cada línea de reporte debe estar justificada, con trazabilidad y responsabilidad desde el más alto nivel. El calendario también aprieta: la Comisión para el Mercado Financiero estableció que la aplicación obligatoria será en 2027 con datos de 2026. Eso significa que 2025 es el año clave para prepararse: levantar indicadores, asignar responsabilidades, definir procesos de monitoreo.
La pregunta es directa y no admite evasivas: ¿están los directorios preparados para enfrentar riesgos climáticos con información robusta y decisiones estratégicas, o esperarán que lleguen los titulares para calcular pérdidas y dar explicaciones?