La creciente responsabilidad legal de las empresas

Más allá de los últimos titulares sobre fraudes corporativos, se ha vuelto cada vez más evidente la tendencia a aumentar la severidad de la responsabilidad de las empresas y sus directivos frente a terceros, especialmente en materia de delitos económicos y de conductas que puedan perjudicar a la sociedad en general. Este incremento de los estándares de cumplimiento se ha visto potenciado con la Ley N°21.595, sobre delitos económicos, que eleva la diligencia exigible a las personas jurídicas y las obliga a adoptar e implementar efectivamente modelos de prevención de delitos ajustados a la normativa.

Dicha tendencia responde no solo a la protección de consumidores e inversionistas, sino también a la promoción de la transparencia y la competencia leal, en un esfuerzo por combatir la corrupción y el fraude. El incumplimiento de estos requisitos puede acarrear consecuencias graves, como penas y multas significativas, suspensión de actividades o un deterioro en la reputación corporativa.

En este contexto, el modelo de prevención de delitos se erige como un pilar fundamental para acreditar una cultura de integridad de la organización y dar cumplimiento a las exigencias legales. De acuerdo con la legislación vigente, este modelo debe ajustarse al tamaño y giro de la empresa y contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

• Identificación de procesos críticos que puedan facilitar conductas ilícitas.
• Protocolos y procedimientos claros para su detección y prevención.

• Capacitación permanente de directivos, gerentes y trabajadores en normas éticas y legales.
• Desarrollo de una cultura organizacional que promueva la integridad.

• Implementación de mecanismos confidenciales para reportar incumplimientos.
• Auditorías periódicas y revisiones internas para evaluar y mejorar el sistema.

• Revisiones independientes que permitan actualizar los protocolos frente a cambios legislativos o nuevas interpretaciones.
• Ajustes constantes al modelo para perfeccionar su efectividad.

La adopción de estas medidas no solo evita o reduce la eventual responsabilidad penal de la empresa y de sus directivos, sino que también fortalece la confianza y la reputación de la organización. En un escenario regulatorio cada vez más estricto, contar con un modelo robusto de prevención se traduce en mayor sostenibilidad del negocio, al permitir anticiparse a contingencias y afianzar relaciones basadas en la ética frente a clientes, inversionistas y la sociedad en general.

El cumplimiento y la prevención son ejes ineludibles en la estrategia de cualquier empresa moderna. Más allá de la obligación legal, el establecimiento de un modelo de prevención de delitos sólido constituye hoy un requisito esencial para competir con éxito en el mercado y resguardar la imagen corporativa.